La situación que estamos viviendo nos hace reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra vida. Hoy más que nunca se reconoce la labor de la sanidad pública y se valora la necesidad de los servicios públicos en nuestra sociedad.
Se ha hablado mucho sobre la educación, sobre el derecho a una enseñanza pública y gratuita para paliar las desigualdades y ofrecer las mismas oportunidades a todo el alumnado. Hoy recopilamos algunos artículos en defensa del derecho a la educación pública.
«Una enseñanza pública y gratuita es condición necesaria para que la educación siga siendo un derecho garantizado por la comunidad social, a través de su financiación pública, y no se convierta en una “oportunidad” o una “inversión” particular de quienes puedan pagársela, con vistas a conseguir una posible ventaja competitiva en su futuro laboral, como pretende el modelo neoliberal.»
El DERECHO UNIVERSAL (con mayúsculas) a la educación tiene que garantizarse para todos y todas por igual. Ello requiere un servicio educativo público (de titularidad y gestión pública) que sea gratuito en todas las etapas y en sentido pleno, es decir, que incluya también el acceso y los materiales didácticos que profesorado y alumnado necesiten para su proceso de aprendizaje.
Si se quiere, insistimos, se puede.
Estas son algunas de las reflexiones de Enrique Javier Díez Gutiérrez, Profesor de la Universidad de León y miembro del Foro de Sevilla y Loles Dolz, Catedrática de Secundaria y activista en defensa de la escuela pública.
Podéis ver la publicación al completo en el siguiente enlace.
Ana Pollán, Graduada en Filosofía por la Universidad de Valladolid. Máster en Filosofía Teórica y Práctica por la UNED; habla de la educación pública como ejemplo de integración y herramienta frente a la desigualdad.
«…La educación pública acoge a toda persona, sin importar su sexo, origen, etnia, credo o clase social. Todo alumno/a recibe formación académica gratuita de calidad. De hecho, en barrios o ciudades de rentas más bajas, las escuelas públicas y su personal docente no sólo asumen un rol educativo; a menudo se convierten en las únicas personas capaces de poner solución o al menos paliar los efectos de difíciles situaciones socioeconómicas y familiares de su alumnado.
La educación pública en España asume al 88,9% de los/as estudiantes procedentes de familias con menor renta. En consecuencia, la educación concertada, pese a que sus criterios de admisión contemplan especial atención al alumnado más desfavorecido, en la práctica acoge al mayor porcentaje del alumnado cuyas familias perciben las rentas más altas. La segregación por sexos continúa presente en algunos centros privados y concertados, lo que a mi juicio resulta inadmisible en un Estado que reconoce legalmente la completa igualdad entre hombres y mujeres.
Considero que el Estado, actualmente, puede y debe asumir en solitario la responsabilidad de educar a la ciudadanía. No es posible ya sostener la necesidad de escuelas concertadas argumentando la ausencia de plazas en la pública. Éstas podrían ser más que suficientes si el Estado aumentara la partida dedicada a educación, evitándose colaborar con entidades cuyo objetivo es su beneficio y no el de toda la ciudadanía.» Conclusión: el 100% de la educación ha de ser pública, laica y de calidad.» Por tanto, defiendo que la educación privada y concertada deben desaparecer porque creo que, sólo si se concibe la educación al servicio del ser humano y del bien común y no al servicio de las élites seremos capaces de mejorar y universalizar los bienes esenciales de la humanidad, y precisamente recibir una educación integral es uno de los principales.
Toda la inversión del Estado en educación debe revertir exclusivamente en la escuela pública, mejorando no sólo el servicio público ofrecido sino las condiciones laborales de quien lo hace posible. El profesorado es un pilar básico de una sociedad justa. Por eso, su esfuerzo debe ser compensado con un salario y unas condiciones de laborales dignas mejores que las actuales.
Es el Estado quien debe velar por la educación y formación de su ciudadanía, no sólo para asegurar unos conocimientos básicos sino para asegurar la educación integral de cada ser humano. La educación debe concebirse como espacio destinado a impedir la alienación del individuo y fomentar todas sus capacidades: su capacidad crítica, artística, matemática, científica, filosófica, ética, etc.
Como sociedad, debemos formar a seres humanos íntegros y cultos; capaces de dar cuenta del mundo que les rodea y comprometerse con él; con el bien común y con el progreso de sus iguales además del propio para un proyecto vital pleno, no sólo en lo económico.
Ha de ser una educación rigurosa, exigente, donde alumnado y profesorado quieran y puedan dar lo mejor de sí en las mejores condiciones, creando de este modo una ciudadanía más capacitada para lograr otro mundo donde las desigualdades, la miseria, la injusticia, el conformismo y la pérdida de confianza en el progreso no tengan cabida. Por eso, necesitamos una nueva ley de educación, que impida cualquier segregación: ni por clase ni por sexo. Una educación de toda la ciudadanía y para toda la ciudadanía.
Para que el esfuerzo de quienes enseñan sea un bien social justamente retribuido y no a merced de la voluntad de manos privadas; para que quienes aprendan se beneficien siempre de la mejor educación, sin que ninguna injusticia lo impida….»
Carmen Rodríguez, Javier Marrero, Rodrigo J. García y Francisco Imbernón; elaboran un artículo con el título La educación pública está en peligro».
…»La segregación escolar por nivel socioeconómico conduce a una segmentación del sistema educativo en el que existe una clara diferenciación entre la experiencia escolar a la que acceden la mayoría y la que está reservada a las élites. En España el índice de inclusión social del alumnado, que refleja que en la escuela conviven alumnos y alumnas plurales y diversos, ha pasado de 74 puntos en 2012 a 69 en 2015, ocupando la antepenúltima posición de los países de la OCDE en Europa y la quinta por la cola de toda la OCDE (Rogero, 2017). España segrega por la distribución del territorio (con un sur más pobre), la educación privada (tercer país en Europa con un 32%), clasificación interna en los centros de secundaria por niveles educativos, programas de bilingüismo y de bachillerato de excelencia, que son nuevas formas de ‘apartheid’ dentro de las mismas escuelas y, finalmente, con políticas de elección de centro.
Hemos de evitar dar poder al mercado y a la libre competencia sin ningún tipo de control o regulación por parte del Estado olvidando que el mercado codicioso nunca se preocupará del bienestar común. La educación necesita ser pública para garantizar la formación de una ciudadanía plural con objetivos sociales, bienestar común y cumpliendo el derecho a la educación de nuestra Constitución.
El mercado nunca se preocupará de una oferta de calidad y adecuada para todos porque su objetivo es el negocio y la rentabilidad económica y hemos de preservar y continuar luchando por una educación pública de calidad porque si no se convierte en subsidiaria de la privada y profundiza la brecha social…»
Hace unos días se desarrolló «el Plan de choque social» en el que se pedía que los Servicios Públicos garanticen derechos fundamentales y lleguen todas las familias y todos los ámbitos.
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La crisis del COVID-19 ha evidenciado que los recortes y privatizaciones han aumentado la desigualdad y ha demostrado que no se puede atender una emergencia en condiciones porque los servicios públicos, que ya estaban desbordados, no están preparados.
Por eso, hoy más que nunca y en relación con el derecho a la educación….¡EDUCACIÓN PÚBLICA!